De acuerdo con un estudio realizado por el Banco Mundial, se calculó que en Colombia la propiedad rural alcanza hasta un 60% de informalidad, lo que refleja una serie de dificultades no solo para el estado sino que también para la misma población, debido a que actividades como la generación de renta a partir de la productividad de estos predios se ven limitadas al no contar con las condiciones y seguridad en la tenencia de estas tierras.
Por lo anterior se busca trabajar en conjunto con la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura, la Superintendencia de Notariado y el IGAC para la formalización y titularización de estos predios. Donde se señala que ya se encuentran adelantadas actividades en este proceso como la aprobación del Conpes 3958 de 2019 y un préstamo aportado por el Banco Mundial de US$100 millones para financiar la estructuración de un sistema catastral multipropósito que haga frente en la legalización de estos predios.
